Se trata de una medida de control que regirá sobre los oficiales de la fuerza de seguridad en aquellos casos donde se promueva algún ascenso en los cargos policiales.
Para esta instancia, las organizaciones sociales del lugar donde dichos oficiales prestan sus servicios podrán pronunciarse sobre las condiciones personales y el desempeño profesional de los policías que aspiran al ascenso.
La normativa sancionada determina que para dar lugar a la participación y control ciudadano sobre los antecedentes de cada policía se convocará a una audiencia pública que se deberá llevar a cabo en la localidad donde los oficiales prestan sus servicios. (Ley 10197)
En cada audiencia podrán dar su opinión sobre el desempeño del policía -aspirante a ascender- los representantes legales de las organizaciones civiles, religiosas, gremiales, empresariales, centros de jubilados, centros vecinales y asociaciones sin fines de lucro.
Entre los 9 artículos que componen el texto de la ley, se detallan las disposiciones para la realización de las audiencias como por ejemplo la prohibición de participar o asistir en este proceso personal policial. Asimismo, se destaca también que un mes antes de la realización de la audiencia pública se deberá habilitar el “Buzón del Ciudadano”, donde los vecinos podrán expresarse, de manera anónima si la persona lo desea, sobre el accionar de los policías.
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